servicio público ofrecido por el Estado, a través de funcionarios llamados registradores de instrumentos públicos. Su objetivo es asegurar la transferencia de propiedad de los bienes inmuebles (como casas, terrenos, etc.) y otros derechos relacionados con ellos. Además, este registro sirve para hacer públicos los actos o contratos que transfieren la propiedad, la gravan (por ejemplo, con hipotecas) o limitan de alguna manera. También actúa como prueba de la adquisición de derechos sobre los bienes, otorga autenticidad a los contratos registrados y proporciona seguridad jurídica en los negocios relacionados con los inmuebles (Ley 1579/12).
Registro inmobiliario
